Ricardo López Murphy y Alberto Ades Para La Nación La Argentina vive una crisis inédita en materia institucional, de valores y, de manera gravísima, en materia económica. Al gobierno del presidente electo Javier Milei se le presenta una oportunidad única de enfrentar esta crisis con la convicción de sus ideas basadas en la libertad. Son las ideas que hicieron grande a nuestra patria y la convirtieron en un imán para hombres y mujeres de todo el mundo. Tras décadas de estancamiento y decadencia, los desafíos que se le presentan son enormes, en un mundo convulsionado y peligroso, en el cual nuestro país ofrece un potencial inusitado por estar lejos de zonas aquejadas por conflictos raciales, religiosos o limítrofes. Recordemos que nuestros mejores tiempos fueron aquellos en los que nuestros abuelos y bisabuelos llegaron a nuestras costas escapando de la guerra, del hambre, del feudalismo o de los regímenes violentos. Buscaban la felicidad y prosperidad que les auguraba el preámbulo de nuestra Constitución. A fin de cuentas, como dijera el presidente Hipólito Yrigoyen, el programa de un gobierno exitoso no debe ser otro que el de la Constitución Nacional: el que se inspira en su hermoso preámbulo, y el que puede y debe ejecutarse por los medios y arbitrios contenidos en su parte dispositiva. La crisis institucional del país tiene varias dimensiones, incluida la de nuestro hiperpresidencialismo y una difusa división de poderes. Además, no puede soslayarse el juicio político que el kirchnerismo ha procurado hacer a la Corte Suprema; tampoco, los aprietes continuos a jueces y fiscales, el deterioro del federalismo como consecuencia, entre otros factores, de la eliminación o reducción oportunista de impuestos coparticipables y la creación de otros que no lo son. O los intentos por cooptar o controlar la prensa, la existencia de un sistema electoral retrógrado y corrupto, el financiamiento espurio de la política, el clientelismo exacerbado y el crecimiento del crimen organizado. En el terreno de los valores, la idea que predomina es que es válido confiscar o compartir el esfuerzo ajeno: que al que le va bien es porque algo habrá hecho. Ese esquema de valores implica un quiebre en la relación entre mérito o talento, esfuerzo y resultados, aplanando la pirámide de ingresos y riqueza hacia la baja, y forzando a los más productivos, o a los posibles emprendedores de talento, al exilio. Los mecanismos que se utilizan para confiscar la propiedad ajena y aplanar la pirámide de ingresos y riqueza son de dudosa o nula constitucionalidad. No hay nada más destructivo para una sociedad pacífica y con ambición de progreso que este retorno a la ley de la jungla, esta organización social primitiva, dominada por la tribu, la banda, la brutalidad y la fuerza. La crisis económica se expresa en tres grandes factores: 1. La ruptura de los mecanismos asignativos de mercado, reemplazándolos por cupos, cepos y controles disparatados que generan oportunidades para el capitalismo de amigos y la corrupción. 2. Una debacle financiera que abarca 2 desde la moneda al mercado de capitales y el sistema financiero, con regulaciones e impuestos destructivos y una tasa de inflación que impide el ahorro y la toma de decisiones de largo plazo. 3. Un descalabro fiscal con endeudamiento vertiginoso, a tasas y niveles nunca vistos, y la ausencia total de disciplina presupuestaria. Como resultado de esta crisis, no se crea empleo privado de calidad y formal desde 2011, y los niveles de pobreza ascienden a tasas propias de países que experimentan hambrunas, guerras o desastres naturales durante tiempos prolongados. Una nueva política económica El lema de la nueva política económica debe ser el de vivir en una sociedad con moneda sana, mecanismos de intercambio y asignación estables y previsibles, y reglas de debido proceso rigurosamente seguidas para la aprobación de nuevas iniciativas políticas. Así funcionan las cosas en las sociedades civilizadas, con ingreso per cápita que al menos triplican el nuestro. Nuestra política económica debe adoptar un modelo que se nutra de la integración al mundo como el de Chile, con la disciplina fiscal de Irlanda, y la innovación de Israel. En cuanto a la moneda, la disyuntiva es clara: moneda sana o inflación descontrolada. Las sociedades que progresan han optado, sin excepciones, por una moneda sana. Para obtenerla, se requiere que la autoridad monetaria no financie al Tesoro para cubrir sus faltantes de caja, y que se abstenga de convertirse en el financiador de última instancia comprando la deuda que no está dispuesto a adquirir el sector privado. También es crucial que el Banco Central no pueda crear crédito para el sector privado de manera espuria. El banco central de una economía emergente sana no expande el crédito monetariamente, sino que utiliza como variable de expansión la compra de reservas internacionales. Ese régimen, similar al patrón oro o al régimen de Bretton Woods, posibilitó la baja de la inflación, una monetización adecuada de la economía y un crecimiento importante del sistema financiero y del mercado de capitales. Logró mejor acceso al crédito para familias y empresas, a tasas más bajas y plazos más largos, en función de la credibilidad por la estabilidad, la previsibilidad y el buen comportamiento de la autoridad monetaria. La cuestión fiscal es piedra angular del saneamiento económico. Detrás de los desquicios que ha vivido la economía argentina está su desorden fiscal, su falta de presupuesto y su desorden crediticio. El presupuesto, que es la ley fundamental del Estado, nunca se cumple en la Argentina; nunca se lo ha tomado en serio. Las operaciones extrapresupuestarias, al convertir en letra muerta la autorización de gastos del Congreso, han sido la señal más gráfica de nuestra decadencia. Tal desorden es superado por el desorden actuarial de la seguridad social. En todas las reformas previsionales se ha obviado el mínimo estudio actuarial. Revertir ese estado de cosas requiere un programa integral, como se describe a continuación. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO El programa que diseñe el gobierno del presidente Milei debe incluir un componente fiscal, uno monetario, uno asignativo y otro estructural. 1. En materia fiscal, es necesario actuar en varias direcciones de manera simultánea. En primer lugar, es necesario crear un esquema que garantice un presupuesto superavitario en términos estructurales, como fue norma del presidente Lagos en Chile, en 2000. Por ejemplo, se podría adoptar un superávit estructural (ajustado por el ciclo económico) de 1% del PBI después de intereses que permita recomprar deuda o acumular reservas, capitalizando al BCRA. De este modo, se sanea el tema de las Leliq y demás asuntos pendientes de forma racional, previsible y no traumática. Es también necesario revertir las medidas disparatadas sobre impuestos adoptadas en los últimos meses con un sesgo populista y electoral, en particular las que atañen al impuesto a las ganancias y al IVA. Se estima que esas bajas de impuestos restarán de la recaudación 1,5/2,0% del PBI en 2024. Esto apareja un descalabro de magnitud estratosférica y tiene un impacto muy negativo sobre los ingresos provinciales y municipales (menores impuestos coparticipables). En cuanto a las provincias, se debe procurar un mayor grado de correspondencia entre ingresos y egresos en el régimen de coparticipación, transfiriendo a las mismas en términos netos los impuestos que deberían ser de carácter provincial; por ejemplo, bienes personales o los impuestos a los ingresos. Según la Constitución, los impuestos directos son de carácter provincial, y deberían dejarse los indirectos y una parte del impuesto a las ganancias para financiar al gobierno federal. Esta permuta de impuestos por transferencias de coparticipación federal debería dejar indiferente al gobierno federal, pero aumentar la correspondencia entre ingresos y egresos a nivel provincial, obteniéndose una mayor internalización de los costos asociados con el alto nivel de gasto y presión impositiva. El principio que rija la relación entre las diversas jurisdicciones debe ser el de subsidiariedad. No debe hacer el Estado lo que puede hacer la sociedad civil, no debe hacer el gobierno federal lo que puede hacer el provincial, ni hacer el provincial lo que puede hacer el municipal. Mucho menos se superpondrán las gestiones, generando un ahorro inmenso para los contribuyentes. En cuanto a los ingresos, se debe también normalizar el cobro de los impuestos indirectos; por ejemplo, sobre los cigarrillos, que han adolecido de grandes dificultades en su percepción. Las tarifas de los servicios públicos y el precio a los combustibles deben revertirse a los de agosto de 2019 en términos reales para subsanar la demagogia desquiciante de los últimos 4 años. En una segunda etapa, se debe convocar a audiencias públicas para reformar el régimen de todas las actividades reguladas o concesionadas por el Estado. Como mecanismo de reducción de gasto, la administración central debe reproducir las estructuras estatales del año 2000, en cuanto a cargos y tamaño. El personal excedente tendrá que ser pasado a disponibilidad, y los nombramientos del año último, dejados sin efecto. Estas medidas se proponen sanear las cuentas públicas en el corto plazo, pero es indispensable que el presupuesto se encuentre equilibrado. Eso exige una reforma profunda y consensuada de la seguridad social, volviendo el sistema a un equilibrio actuarial entre aportes y pagos de retiros, sea dentro de un sistema de reparto o uno de cuentas nocionales de capitalización, como el que existe en Suecia. Para que haya equilibrio actuarial, es necesario modificar las edades de retiro y los años de contribución obligatoria, inclinándolo hacia un régimen similar al español, que permite el retiro a los 67 años de edad y exige 37 años de aportes, imputando como variable de retiro los aportes realizados a lo largo de toda la vida activa, no solo los aportes de los años más recientes. Como transición, se podría utilizar la variable propuesta por el entonces ministro José Luis Machinea en el año 2000, unificando las edades de retiro en 65 años para varones y mujeres. Como régimen de emergencia, proponemos indexar las jubilaciones actuales a un promedio ponderado de precios al consumidor y salarios, en forma trimestral y automática. Regresaríamos así a una fórmula similar a la adoptada en 2017 hasta que el programa alcance estabilidad estructural. El nuevo sistema deberá tener, además, como el caso de los EE.UU, un premio para aquellos que posterguen la edad de jubilación. Un componente final de estas reformas deberá incluir un mecanismo por el que se recupere el valor real de las percepciones, en forma más acelerada, de aquellos beneficiarios que se jubilaron habiendo realizado el total de sus aportes, sin recurrir a moratorias. Por supuesto que el saneamiento del sistema previsional y la mejora de los haberes en términos reales requiere una formalización, en materia laboral e impositiva, vulgarmente conocida como blanqueo. Este debe ser realizado en forma sumamente favorable, y entenderse como un “blanqueo popular”, abarcando a todos los segmentos de la sociedad y no solo a los tenedores de cuentas o activos en el exterior. Sería conveniente adoptar en lo penal cambiario un régimen similar. 2. En materia monetaria, es indispensable un régimen que implique una moneda sana y estable, y que la emisión futura dependa exclusivamente de la adquisición de reservas internacionales, saneando de manera radical el patrimonio neto del BCRA. Dada la larga historia argentina con el uso del dólar estadounidense, y la tradición de ahorrar y denominar las grandes transacciones en esa moneda, sería conveniente que el nuevo régimen monetario eliminara las restricciones para su uso, inclinándose hacia un esquema similar al peruano o uruguayo, o al que existió en nuestro país durante los 90. Debe recordarse que con las reformas de los presidentes Pellegrini y Roca, similares a las que proponemos, entre 1890 y 1943 la Argentina creció más y tuvo menos inflación que los Estados Unidos. ¿Por qué nos concentramos tanto en las políticas fiscal y monetaria? Porque ello constituye una urgencia inexorable dadas las actuales tasas de inflación y riesgo país. Con las medidas propuestas buscamos reducir ambos indicadores. Su reducción a niveles similares a los de nuestros vecinos y socios comerciales producirá una revolución de inversiones y crecimiento económico, a la vez que nos asegurará las tantas veces declamadas independencia económica y soberanía nacional. Los mendicantes son vasallos de los prestamistas. Debe acabarse de una vez por todas el espectáculo lamentable de funcionarios argentinos atribuyendo nuestro fracaso a factores externos y pasando la gorra patéticamente en toda reunión internacional a la que se nos invita. 3. En lo asignativo, debe contemplarse una profunda liberalización, tanto del comercio interior como del exterior. Para eso, es vital recuperar las reglas de una economía sana, con respeto por el derecho de propiedad, la competencia interna y externa y la solvencia en las transacciones. En lo interno, debemos enfocarnos en una regulación que promueva la competencia y la transparencia de costos (eliminar subsidios directos o cruzados, así como también los privilegios o las “quintas”). También es indispensable la lucha denodada contra los monopolios creados por legislación, inducción o desidia estatal. En lo externo, esto debe expresarse en un esquema de relación con el mundo de amplia apertura comercial, respetando a rajatabla los acuerdos internacionales. Si bien la membresía en el Mercosur, una unión aduanera, limita la capacidad del país de negociar acuerdos de libre comercio en forma independiente a los otros miembros, la eliminación de cupos cuantitativos y cepos, y su reemplazo por los aranceles contemplados en Mercosur, permitirá una liberalización drástica del comercio. Cuando hablamos de liberalización del comercio, incluimos también la de la inversión extranjera, indispensable para la incorporación de tecnología de avanzada y aprovechar los conocimientos del resto del mundo. No hay señal más poderosa para propios y extraños que el auge continuado de la inversión extranjera. Esto exige el cumplimiento de los contratos a rajatabla, con lealtad y buena fe, sin alquimias jurídicas y sin chicanas. Para que la política exterior del presidente Milei sea exitosa, deberá poner énfasis no solo en asociarnos a las democracias liberales y alejarnos de las autocracias, sino en “volver al mundo”, ocupando nuevamente una participación significativa en el comercio mundial que nunca debimos haber perdido. Esto supone movilizar todos los recursos disponibles, evitando su ocio o desvalorización prematura, como en el caso del gas, pues si se retrasa su extracción perderá valor por el desarrollo de energías renovables y regulaciones más restrictivas en contra del uso de las tradicionales. Este esfuerzo por recobrar nuestra participación en el comercio internacional debe hacerse en cooperación con nuestros vecinos, a fin de celebrar a la brevedad acuerdos de libre comercio y de protección de inversiones con América del Norte, los países de Asia y Oceanía, y concluir de una vez el que quedó inconcluso con la Unión Europea. Este programa debe ser suplementado con una nueva ley de empleo que elimine las multas y castigos, extienda a tres años el período de prueba para los nuevos empleados y aumente sustancialmente el mínimo no imponible en las cargas previsionales, retomando el nivel preexistente a la administración actual. En otros términos, se precisa que el sistema sea consistente con el proyecto de ley que he presentado en materia de expansión del empleo. Finalmente, deberá procederse a una desregulación integral y profunda de todas las actividades económicas, y derogarse los regímenes tributarios o regulatorios de privilegio, incluidos los de Tierra del Fuego. Deberá transferirse a las jurisdicciones provinciales la responsabilidad de subsidiar cualquier actividad que no sea de carácter nacional; por ejemplo, los subsidios al transporte en el AMBA. No debería cargarse al resto de las provincias los subsidios a regiones o sectores del país. 4. El último capítulo del programa de gobierno, pero no por eso el menos importante, incluye reformas estructurales, y aquí nos enfocaremos en la privatización de las empresas del Estado y en la acumulación de capital humano, un tema sobre el cual el nuevo presidente ha acertadamente enfatizado. Privatizaciones: los Estados modernos concentran su acción sobre un complejo entramado destinado a asegurar la defensa, la justicia, la seguridad, crear un marco consistente y armonioso de normas y regulaciones que permitan defender la competencia, proteger a los más vulnerables, y facilitar la innovación y la transformación. Esos Estados han optado por desprenderse en general de las actividades de empresas mercantiles, ya sea porque naturalmente esas actividades enfrentan mercados competitivos, o porque si bien son por escala naturalmente monopólicas, pueden operar mediante regulaciones adecuadas en condiciones cuasi competitivas, que resulten favorables para el resto de la sociedad, minimizando sus costos. Esta consideración se vuelve aún más relevante en economías emergentes, que enfrentan déficits de capital humano en sus cuadros dirigentes, y padecen altos costos de acceso al capital por incertidumbre macroeconómica, vulnerabilidad a shocks externos, o insolvencia pasada o presente, todo lo cual se traduce en mayores tasas de riesgo país. Un elemento a tener en cuenta es que cuando las sociedades no han alcanzado aún el estadio de una democracia madura, con burocracias bien formadas y controles efectivos de la gestión de gobierno por la oposición, las empresas pueden convertirse en cotos de caza de los partidos o facciones que ejercen el poder. Todas estas restricciones al buen funcionamiento de las empresas del Estado son conocidas en nuestro país. Carecemos de gerencias adecuadas. Las empresas tienden a ser capturadas por el poder de turno y son insuficientes los recursos de capital necesarios para el crecimiento vertiginoso que una economía en recuperación requiere. Por esta razón, debe formar parte de un programa de transformación la transferencia a la gestión privada de la actividad empresarial pública bajo un sano marco regulatorio. Desarrollo del capital humano: el desarrollo del capital humano y su creciente nivel de homogenización es el gran desafío de las sociedades exitosas y abiertas. La desigualdad es fruto de la heterogeneidad del capital humano. Una nivelación de los puntos de partida es, por lo tanto, indispensable, y se puede lograr superando los problemas de nutrición desde el útero hasta los tres años, con un sistema educativo de excelencia, exigente y meritocrático, que resuelva las carencias que padecemos de bajos niveles de escolaridad y aprendizaje. Otras fallas del sistema incluyen la no finalización de la enseñanza media o una estructura de enseñanza universitaria orientada a las viejas profesiones, no a los desafíos del siglo XXI. El mejor ejemplo de lo que referimos son los países escandinavos, o también los del sudeste asiático, que, con sistemas educativos de excelencia y exigentes, han logrado distribuciones del ingreso y la riqueza sumamente equitativos. Vale recordar que en las economías modernas y desarrolladas el capital humano representa cuatro veces el capital físico. Por lo tanto, la distribución de este último debería resultar un tema de menor importancia en un sistema de gran movilidad social como el que resultaría de la reproducción sana y vigorosa del capital humano. Por supuesto es también indispensable, para que el sistema opere eficientemente, hacer transparente la información sobre rendimiento y resultados, mediante pruebas uniformes y obligatorias de manera periódica. Esta es la herramienta ideal para corregir desvíos que pudieran producirse en la eficacia de la enseñanza, y en la relación óptima entre el insumo (maestros y contenidos) y el producto (educando). Esto no implica que el producto final del sistema educativo sea crear un cúmulo de clones. El talento, el ingenio, el esfuerzo, la vocación y la creatividad producirán siempre diferencias en los resultados, pero estos serán mucho menores que en la situación actual, cuando un sinnúmero de niños de hogares humildes, y no tan humildes, terminan el ciclo primario sin poder leer, mientras los de las élites económicas pueden acceder a las mejores universidades del primer mundo. Un segundo componente sustancial para la formación del capital humano es la salud. La clave en todo sistema sanitario es la prevención, que cuesta una treintava parte que la terapia. De ahí que un régimen adecuado de alimentación, ejercicio, exámenes anuales, vacunación y prevención de adicciones debe formar la piedra angular de toda la política pública de salud. La respuesta más eficaz en materia de organización terapéutica es tener un sistema interoperable, donde todos los participantes actúen bajo la regla de un seguro de salud generalizado y los proveedores, incluidos los hospitales públicos, reciban sus recursos por las prestaciones que generan. En la Argentina, ese procedimiento sería relativamente sencillo de instrumentar si el sistema de seguro de salud se vuelve interoperable y actuarialmente solvente. Eso requeriría facilitar el acceso de los sectores indigentes o no formalizados, que deberían constituir una proporción pequeña de la población luego de aumentada la formalidad, a un seguro básico para estos sectores. Para aquellos, el Estado pasaría a subsidiar la demanda de salud en lugar de la oferta, idea que ha impulsado el presidente Milei en su plataforma electoral. El gran desafío desde el punto de vista político para el gobierno próximo es evitar que los sectores que administran los seguros de salud social no capturen los ingresos percibidos, sea del Estado o de los aportantes. Para ello es necesario introducir mayor competencia en la elección del seguro social, forzar a las obras sociales sindicales a competir con las privadas, permitir mayor movilidad a los aportantes, y poner un límite al gasto administrativo, dando el sector público el ejemplo en sus seguros de salud (para indigentes o en el PAMI). Consideraciones finales Nos hemos referido al marco institucional pensado por Alberdi como mecanismo para contener y ordenar las diferencias en un país heterogéneo y diverso como el nuestro. Los constituyentes apostaron al desarrollo de la sociedad civil en un Estado de Derecho que permitiera la interacción pacífica, el desarrollo de la creatividad y la innovación, sin quedar sujeta aquella a la violencia de las mayorías, de los bandos o grupos corporativos organizados. Como elemento fundamental de la institucionalidad que diseñaron, los constituyentes establecieron límites claros a los impuestos y la administración del crédito y la moneda, procurando por evitar los riesgos y costos que pudiera ocasionar un Estado “frankensteniano” como el que ahora padecemos, dominado por pasiones miopes o de baja catadura. Esos límites fueron violados de manera sistemática por los distintos gobiernos. La propuesta que esbozamos busca reordenar nuestras políticas dentro de esa sana tradición constitucional. En caso de adoptarse por el gobierno del presidente Javier Milei, recomenzaremos la senda de progreso, la estabilidad, la prosperidad y la cohesión social que muestran las democracias liberales exitosas. El lema de esta nueva etapa debe ser “hacia una sociedad abierta, sin privilegios ni autoritarismos”.

Como bien saben, desde hace varios meses, hice público mi apoyo a Patricia Bullrich porque considero que es la persona más capacitada, está bien rodeada y tiene la firmeza necesaria para tomar las riendas de este país. Compartimos los mismos valores. Estamos cansados de los mafiosos, los amigos del poder, los narcos y los corruptos que llevaron a la Argentina a estar en esta situación de extrema fragilidad. El único acuerdo que verán de este lado es con los argentinos, con los argentinos que se esfuerzan, que trabajan, que quieren progresar y que están dispuestos a cambiar la realidad de este país. Nuestra propuesta comienza con una palabra muy simple: orden. Y aquí no nos limitamos simplemente al orden público, esta palabra es rectora para lo monetario, lo fiscal y lo jurídico. También necesitaremos fuerza, pero no fuerza bruta. Sino la fortaleza necesaria para terminar con los los narcos de Rosario, porque el diálogo no los saca. Y la autoridad necesaria, porque no se acuerda con las mafias. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales, para hacer lo que nunca se hizo. Somos millones de argentinos los que estamos dispuestos a hacer las transformaciones necesarias para vivir en un país donde podamos realizarnos. Tenemos que cambiar de verdad y para siempre. Lo pueden llamar coraje, valentía o determinación. Nosotros, a todo esto que hace falta para cambiar la realidad, elegimos llamarlo LA FUERZA DEL CAMBIO. El próximo 13 de agosto no lo dudes, votá a Patricia Bullrich, para que La Fuerza del Cambio llegue a cada rincón del país. El futuro es COLOSAL.

Para recuperar Argentina y liberar a nuestra Nación del kirchnerismo, es necesario tener un equipo con coraje, fuerza y determinación. Por eso, el diputado nacional Ricardo López Murphy, estuvo en La Matanza junto a Patricia Bullrich, Luis Petri, Nestor Grindeti y el resto de los candidatos de la Fuerza del Cambio.

Con mucho orgullo, les quiero presentar mi equipo que es parte del proyecto nacional de Patricia Bullrich Presidente. Nuestra bandera serán siempre los valores de la libertad y de la República. Llegó el momento de recuperar Argentina. Maria Eugenia Talerico, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Alejandro Bongiovanni, precandidato a diputado nacional por Santa Fe. Franco Rinaldi, precandidato a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo Donati, precandidato a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gerardo González, precandidato a diputado provincial de la 4* sección por la provincia de Buenos Aires. Sebastián Pascual, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires.